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Por Ron McMinn, Esq. | Última actualización: 10 de noviembre de 2026.
Lea este artículo en inglés.
El 30 de octubre de 2026, los alcaldes de 13 de las ciudades más grandes de California se reunieron en el Ayuntamiento de Riverside y convirtieron las demandas por lesiones contra los gobiernos locales en una prioridad legislativa. La coalición bipartidista California Big City Mayors, presidida por la alcaldesa de Riverside, Patricia Lock Dawson, dijo que buscaría “límites razonables” a los daños no económicos, responsabilidad acorde con la parte de culpa de cada ciudad y mayor transparencia sobre los honorarios de los abogados en demandas contra gobiernos locales. El comunicado de la Ciudad de Riverside de ese día también describió “límites razonables a los honorarios de contingencia de los abogados.” Según IE Law News, los alcaldes no presentaron un texto de proyecto de ley.
Si resultó lesionado porque una ciudad no reparó una calle, una acera, un semáforo, un árbol o un peligro en el servicio de autobuses, esto es lo más importante ahora: nada de ese anuncio cambió sus derechos. Todavía no hay un tope a los daños no económicos en un reclamo ordinario por lesiones contra una ciudad de California. El plazo de seis meses del reclamo gubernamental del artículo 911.2 del Código de Gobierno sigue vigente. Una ley distinta, el proyecto de ley del Senado 577 (SB 577), se firmó el 30 de septiembre de 2026 y cambiará quién paga los daños económicos en algunos casos contra entidades públicas presentados a partir del 1 de enero de 2027. Esa ley ya existe. La nueva propuesta de tope de los alcaldes, no.
Este artículo explica qué pidió la coalición, por qué un tope a los daños por dolor y sufrimiento es un mal trato para las personas lesionadas por la negligencia de otra, y qué debe hacer si un peligro público lo lastimó hoy.
Qué pidieron los alcaldes
IE Law News informó que las tres peticiones de la coalición fueron límites razonables a los daños no económicos, responsabilidad proporcional a la culpa y transparencia sobre el costo de los honorarios de los abogados para posibles demandantes. El mismo reportaje dijo que los alcaldes todavía no tienen un texto para esas reformas.
El comunicado de la Ciudad de Riverside del 30 de octubre de 2026 dijo que la coalición representa a las 13 ciudades más grandes del estado y a casi 11 millones de residentes, y que los alcaldes fijaron prioridades para el próximo gobernador de California y para la sesión legislativa de 2027 en su cumbre anual en Riverside.
IE Law News también informó que los alcaldes piden cambios a la ley de lesiones personales de California, no a los casos de derechos civiles como los que se presentan después de tiroteos policiales.
Los alcaldes Todd Gloria de San Diego y Rex Richardson de Long Beach describieron las demandas de responsabilidad de predios contra las ciudades como un drenaje para los contribuyentes. Richardson dijo, según lo citó IE Law News, que los costos de seguro por litigios se han duplicado, de 10.5 millones de dólares a 23 millones, en los últimos tres años. El comunicado de Riverside citó un análisis de agosto de 2026 de la Escuela de Política Pública de la Universidad Pepperdine y Beacon Economics que reportó que los costos de responsabilidad de las entidades públicas se han triplicado en siete años, y que las reclamaciones grandes representan una parte desproporcionada de la exposición financiera. No hemos auditado esas cifras de forma independiente. Las ciudades pueden exponer su caso presupuestario ante la Legislatura. Las personas lesionadas merecen una explicación igual de clara sobre quién pagaría de verdad si se limitan los daños.
Todavía no ha cambiado nada para usted
Ninguna ley aprobada después de esa conferencia de prensa impone un nuevo techo a lo que un jurado puede otorgar por dolor, sufrimiento, discapacidad o la pérdida de compañía en un reclamo ordinario contra una ciudad. Hasta que la Legislatura redacte y apruebe un proyecto y el gobernador lo firme, el anuncio es una agenda de cabildeo, no un cambio en su caso.
El artículo 911.2 del Código de Gobierno sigue diciendo que un reclamo relacionado con una causa de acción por muerte o por lesión a la persona o a la propiedad personal debe presentarse a más tardar seis meses después de que la causa de acción se acumula. La acumulación es una pregunta legal. No invente la fecha de inicio a partir de una noticia. Nuestra página en inglés sobre reclamos contra el gobierno explica el proceso más amplio, y nuestra guía en inglés sobre un plazo de reclamo gubernamental de seis meses que se pasó explica por qué esperar es peligroso.
Si una calle, una acera u otra condición pública peligrosa forma parte de lo que lo lastimó, vea nuestra guía en inglés sobre demandar al gobierno por una calle o acera peligrosa.
Por qué los daños no económicos suelen ser la compensación real
La ley de California ya distingue dos tipos de daños. El artículo 1431.2 del Código Civil, según lo enmendó el proyecto de ley del Senado 577 (SB 577), define los daños económicos como pérdidas monetarias objetivamente verificables, incluidos los gastos médicos, la pérdida de ingresos, los gastos de entierro, la pérdida de uso de la propiedad, los costos de reparación o reemplazo, el costo de servicios domésticos sustitutos y la pérdida de oportunidades de empleo. Define los daños no económicos como pérdidas subjetivas y no monetarias, incluidos el dolor, el sufrimiento, la molestia, el sufrimiento mental, la angustia emocional, la pérdida de sociedad y compañía, la pérdida de consorcio, el daño a la reputación y la humillación.
Un niño que vivirá con una lesión permanente puede tener facturas médicas pasadas modestas y ningún salario perdido. Una persona jubilada puede no tener un sueldo que reclamar. Un padre o una madre cuyo trabajo es el cuidado no remunerado del hogar puede mostrar poca “pérdida de ingresos” en el papel. Un trabajador de salario bajo puede enfrentar una vida de dolor y una menor capacidad de disfrutar la vida cotidiana, y aun así mostrar un reclamo salarial pequeño. En cada uno de esos casos, los daños no económicos suelen ser la forma principal en que el sistema civil mide lo que se les quitó.
Un tope no pregunta si la ciudad fue descuidada. Fija un techo a lo que ese dolor, esa discapacidad, esa desfiguración y esa pérdida de compañía pueden valer, sin importar cuán duradero sea el daño. Quienes más pierden con un techo fijo no son las personas con sueldos altos y grandes reclamos de salarios. Son las personas cuyas pérdidas no aparecen con claridad en un talón de pago.
Los topes quitan el costo a quien tuvo la culpa y se lo cargan a la persona lesionada
Cuando una ciudad deja un peligro conocido y alguien resulta gravemente herido, un tope permitiría que quien tuvo la culpa pague menos de lo necesario para compensar ese daño. La diferencia no desaparece. Las familias la absorben. Los seguros de salud intentan recuperar lo que pagaron. Programas públicos como Medi-Cal, Medicare y los beneficios por discapacidad pueden terminar cubriendo atención médica e ingresos perdidos que la parte culpable ya no tiene que reponer por completo. Una propuesta vendida como protección para los contribuyentes puede trasladar costos del departamento que no mantuvo una calle, una acera, un semáforo o un árbol hacia otros programas financiados con impuestos, y hacia la persona lesionada.
Las ciudades, no las personas a las que lesionan, deciden si se repara una acera, si un semáforo se programa de forma segura, si se mantiene una parada de autobús o si se retira un árbol moribundo. Una regla que reduce las consecuencias de dejar un peligro conocido debilita la razón financiera para corregirlo.
El caso del árbol de Long Beach que usaron los alcaldes como ejemplo
IE Law News informó que el alcalde Richardson señaló un veredicto de jurado de unos 5 millones de dólares a favor de un hombre de Long Beach lesionado por la rama de un árbol. El hombre sufrió daño en la columna y tuvo que jubilarse de su trabajo como maestro, según reportes del Long Beach Post resumidos por IE Law News. Richardson dijo que el árbol se había podado recientemente y no tenía señales visibles de peligro.
El mismo artículo de IE Law News informó que una auditoría de 2016, presentada en el juicio, había encontrado que una cuarta parte de los árboles de Long Beach estaban muertos o en mal estado, y que la falta de fondos adecuados fue una de las causas. Según el abogado del demandante, como lo reportó IE Law News, el veredicto incluyó 188,470 dólares por gastos médicos, 3 millones por daños no económicos pasados y 1.9 millones por daños no económicos futuros. La ciudad apeló. IE Law News identificó el caso de primera instancia como Los Angeles Superior Court No. 24LBCV00932 y la apelación como Court of Appeal No. DB351094.
Esas cifras reportadas muestran por qué un tope a los daños no económicos habría caído con más fuerza sobre la persona lesionada. Los gastos médicos fueron una fracción pequeña del premio. La mayor parte de la compensación fue por el dolor y la pérdida que el daño en la columna y una jubilación forzada le impusieron. Richardson preguntó, según lo citó IE Law News, “Imaginen cuántos árboles se pueden mantener con 5 millones de dólares.” Una respuesta justa es imaginar dejar a un maestro con daño en la columna cargando el costo de un inventario de árboles que la ciudad ya tenía razones para saber que estaba fallando. Pagar un fallo no es lo mismo que mantener los árboles. Los topes no los plantan, no los podan y no los inspeccionan.
La culpa proporcional puede dejar facturas médicas sin pagar
Conforme al artículo 1431.2 del Código Civil, cada demandado ya paga solo su propia parte de los daños no económicos. Los daños económicos, como las facturas médicas y los salarios perdidos, históricamente han sido solidarios. Eso significa que una persona lesionada podía cobrar el monto completo de esas pérdidas económicas de un demandado que sí podía pagar, aunque otro demandado tuviera más culpa pero no tuviera seguro ni bienes.
El proyecto de ley del Senado 577 (SB 577) cambia esa regla para las entidades públicas. El gobernador Newsom aprobó la ley el 30 de septiembre de 2026 y se presentó ante la Secretaría de Estado el mismo día. En una acción presentada a partir del 1 de enero de 2027 que alegue lesiones personales, daños a la propiedad o muerte culposa contra una entidad pública, la responsabilidad de cada entidad pública demandada por daños económicos es solo proporcional, y no solidaria, a menos que se determine que la entidad pública tiene más del 15 por ciento de la culpa. Si se determina que tiene más del 15 por ciento de la culpa, ese límite solo proporcional sobre los daños económicos no aplica. Nuestro artículo anterior en inglés sobre lo que cambia el SB 577 en los reclamos contra entidades públicas explica el estatuto con más detalle.
Los alcaldes pidieron “responsabilidad proporcional a la culpa.” Como todavía no hay texto de un proyecto de ley, nadie puede decir hasta dónde llegaría esa petición más allá del SB 577. Lo que sí se puede decir es esto: cualquier regla que limite a una ciudad a su porcentaje de culpa respecto de las facturas médicas, cuando otro responsable no tiene seguro o no tiene bienes, deja esas facturas en la persona lesionada. Un patrón común es un conductor sin seguro o bajo los efectos de alguna sustancia, más una intersección peligrosa de la ciudad, una advertencia faltante o una calzada mal mantenida. Si el conductor no puede pagar, una regla solo proporcional contra la ciudad puede dejar a la víctima con solo un porcentaje de las facturas médicas y nada del resto.
Eso no es equidad para el consumidor lesionado. Es protección para la parte que todavía tiene un presupuesto, a costa de la persona que no eligió resultar herida.
MICRA muestra cómo funciona de verdad un tope a los daños
California ha vivido con un tope a los daños no económicos en una categoría de casos durante décadas. La Medical Injury Compensation Reform Act de 1975 limitó los daños no económicos en casos de negligencia profesional contra proveedores de salud. Cuando la Legislatura aprobó el proyecto de ley de la Asamblea 35 en 2022, describió ese techo de larga data como 250,000 dólares. Esa cifra no subió con la inflación durante muchos años.
El proyecto de ley de la Asamblea 35 enmendó el artículo 3333.2 del Código Civil. Para los casos presentados o los arbitrajes solicitados a partir del 1 de enero de 2023, el estatuto fijó límites iniciales de 350,000 dólares para casos de lesiones que no involucran muerte culposa y 500,000 dólares para casos de muerte culposa. Luego programó un aumento de 40,000 dólares cada 1 de enero durante 10 años en la cifra de lesiones, hasta 750,000 dólares, y de 50,000 dólares cada 1 de enero durante 10 años en la cifra de muerte culposa, hasta 1 millón de dólares. Esos aumentos posteriores fueron una admisión de que un tope congelado se queda atrás del valor real de una vida, un rostro o una discapacidad permanente.
MICRA aplica a la negligencia profesional médica, no a un reclamo de que una ciudad dejó una acera, un semáforo o un árbol en una condición peligrosa. Sigue siendo el ejemplo más claro en California de lo que hace un tope a los daños no económicos. No hace la lesión más pequeña. Hace más pequeña la recuperación, sobre todo para las personas cuyas pérdidas más grandes son el dolor, la discapacidad, la desfiguración y la pérdida de compañía, y no un salario alto.
Los honorarios de los abogados no son una razón para recortar la recuperación de una persona lesionada
Los alcaldes también pidieron más transparencia sobre los honorarios de los abogados, y el comunicado de Riverside añadió “límites razonables a los honorarios de contingencia de los abogados.” Los honorarios de contingencia son la forma en que las personas que no pueden pagar a un abogado por hora contratan representación. Una regla que limita lo que una persona lesionada puede acordar pagar, sumada a un tope que reduce la recuperación, puede hacer menos práctico presentar un caso difícil contra una ciudad con muchos recursos. Ese resultado favorecería al demandado que pidió la regla.
La transparencia de honorarios, por sí sola, no es lo mismo que un tope a los daños. Hasta que haya un texto de proyecto de ley, trate ambas ideas como propuestas, no como la ley que aplica a su reclamo hoy.
Si un peligro de la ciudad lo lastimó
No espere a ver si la Legislatura retoma la agenda de los alcaldes. Fotografíe la escena. Reciba atención médica. Conserve los nombres de los testigos. Presente un reclamo gubernamental a tiempo. Abrir un expediente de seguro o llamar a una línea de quejas de la ciudad no es lo mismo que presentar el reclamo que exige el artículo 911.2 del Código de Gobierno.
Win Attorneys atiende reclamos contra el gobierno y asuntos de lesiones personales en todo California desde su oficina en Tustin. Hablamos español y vietnamita.
Llámenos al (657) 235-8097, comuníquese por nuestra página de contacto o inicie en línea con nuestro formulario de admisión. Oficina: 17291 Irvine Blvd., Suite 210, Tustin, CA 92780.
Preguntas frecuentes
¿Las ciudades de California ya limitaron lo que puede recuperar una persona lesionada?
No. El anuncio del 30 de octubre de 2026 de la coalición California Big City Mayors es una agenda legislativa, no un estatuto nuevo. Los alcaldes no han publicado un texto de proyecto de ley. Los reclamos ordinarios por lesiones contra las ciudades no están sujetos a un tope de daños no económicos al estilo de MICRA.
¿Cuánto tiempo tengo para presentar un reclamo por lesiones contra una ciudad de California?
El artículo 911.2 del Código de Gobierno generalmente exige que un reclamo relacionado con la muerte o con una lesión a la persona o a la propiedad personal se presente a más tardar seis meses después de que la causa de acción se acumula. Ese plazo no ha cambiado.
¿Qué pidieron los alcaldes que cambie la Legislatura?
Pidieron límites razonables a los daños no económicos, responsabilidad acorde con la parte de culpa de cada ciudad y mayor transparencia sobre los honorarios de los abogados. El comunicado de la Ciudad de Riverside también describió límites razonables a los honorarios de contingencia de los abogados. Todavía no hay texto de un proyecto de ley.
¿Qué cambia el proyecto de ley del Senado 577 (SB 577) y cuándo aplica ese cambio?
El gobernador Newsom firmó el SB 577 el 30 de septiembre de 2026. En las acciones presentadas a partir del 1 de enero de 2027 que aleguen lesiones personales, daños a la propiedad o muerte culposa contra una entidad pública, una entidad pública a la que se le atribuya el 15 por ciento o menos de la culpa paga solo su propia parte de los daños económicos. Si se le atribuye más del 15 por ciento de la culpa, ese límite solo proporcional sobre los daños económicos no aplica.
¿Por qué un tope a los daños no económicos perjudicaría a las personas lesionadas por la negligencia de otra?
Los daños no económicos compensan el dolor, el sufrimiento, la discapacidad, la desfiguración y la pérdida de compañía. Suelen ser la recuperación principal para niños, personas mayores, quienes trabajan en el hogar y trabajadores de salario bajo que tienen poca pérdida salarial documentada. Un tope reduce esa recuperación y puede trasladar el daño no pagado a las familias y a los programas públicos de beneficios, al tiempo que debilita la razón para que una ciudad corrija un peligro que ella controla.